Madrid, 20 de setiembre del 2022.-  Todas las compañías y profesionales vinculados al transporte de mercancías están sufriendo un auténtico infierno con la escalada de precios en el gasoil, gas y electricidad. El riesgo de desabastecimiento puntuales y de cierre de numerosas empresas son las principales consecuencias destacadas en el siguiente reportaje publicado por El Mercantil.  

La escalada generalizada de los costes en el transporte y la logística durante el último año ha cambiado de paradigma con la invasión rusa de Ucrania. Si la pandemia y sus efectos han motivado aumentos de costes y disrupciones en la cadena de suministro, la crisis actual en Europa del Este ha creado un escenario de precios desorbitados y descontrolados en el ámbito energético que genera una inquietud cada día mayor en los actores logísticos e industriales. 

El gasóleo cuesta ya el 70% más que en enero de 2021 y el 35% más que en enero de este año, según el ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, el precio medio de la electricidad está en 346,6 euros el megavatio/hora en lo que llevamos de 2022. El año pasado terminó con una tarifa de 111,9 euros el megavatio/hora, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También el precio del gas está desbocado. Esta coyuntura, según denuncian todos los sectores de actividad logística y de transporte, compromete sus actividades en mayor o menor medida, dependiendo de la fuente de energía que utilicen y del segmento en el que operen.

Las asociaciones empresariales también advierten de que, en las actuales circunstancias, quedan en cuestión los objetivos de transición energética que el Gobierno y la Comisión Europea se habían marcado para 2030. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo “no descarta ninguna medida” para rebajar la factura energética, mientras que la secretaria de Estado de Transportes, María José Rallo, ha reconocido que hay que valorar cómo conjugar medidas como el paquete ‘Fit for 55’ aprobado por la Comisión Europea en materia de acción climática con la situación actual. “El conflicto requiere de medidas estructurales que ya se están abordando en el ámbito europeo”, ha afirmado, sin entrar a valorar las consecuencias sobre el sector.

En el ámbito de la logística y la última milla, la situación es de alarma, según el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), Francisco Aranda, que señala que algunas empresas ya están optando por la paralización de la actividad. “Si esto se mantiene, corremos el riesgo de llegar a una situación de desabastecimiento”, afirma. Es por eso que, según Francisco Aranda, mantendrán una reunión con el ministerio de Transportes para analizar la situación. 

Por su parte, las industrias electrointensivas piden adoptar una decisión “urgente” reformando el mercado eléctrico “mientras dure esta crisis energética”, según reclaman la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) y la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) en un comunicado conjunto. Para ello, sugieren desacoplar el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico en el mercado. “Muchas industrias se han visto obligadas a paralizar la producción, ya que estos precios de la electricidad hacen imposible mantener la actividad”, aseguran. 

Para el transporte de mercancías por carretera, la energía supone ahora un tercio del coste total de la circulación de un camión y el gas natural ha duplicado su precio. “Es vital que se estabilicen los precios del gasóleo y que exista un mínimo de control sobre ellos”, asegura el vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia. Las empresas del transporte por carretera están afrontando esta situación “con dificultad”, especialmente las pymes, “que se ven obligadas a detener los camiones porque sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos”, ha alertado Valdivia. 

“El grito del transporte es desesperado: o se aplica esa actualización del precio o no va a quedar más alternativa que parar”, advierte la asociación guipuzcoana de transporte por carretera Guitrans. En esta tesitura, Ramón Valdivia (Astic) asegura que un posible deterioro en la actividad del transporte por carretera impactaría directamente en la economía española y recuerda que el sector ya ha pedido al ministerio de Transportes una actuación “rápida e inmediata”. Entre las medidas que han solicitado, se encuentran la publicación semanal de un precio de referencia en carburantes, y no mensual, como sucede actualmente, así como la devolución del gasóleo profesional a final del mes.

También las empresas ferroviarias dan la voz de alarma por el uso, a niveles cada vez mayores, de la electricidad como energía de tracción, una fuente energética que ha llegado a picos en su precio del 700%, según denuncia el presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), Juan Diego Pedrero. “El impacto es gravísimo desde el verano de 2021, y así llevamos casi nueve meses”, recuerda. Reconoce, además, que se han tenido que restringir servicios de transporte ferroviario de mercancías y pide al Gobierno español una actualización de los ecoincentivos ferroviarios previstos. “Deben ser adaptados a la gravísima situación actual, aunque sea de forma coyuntural”, afirma Pedrero.

La incidencia del alza de precios en el almacenaje de temperatura controlada se está traduciendo en un aumento que alcanza el 50% en los costes de las instalaciones, según denuncia la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución (Aldefe), que tilda su situación de “insostenible y dramática”. Fuentes de la patronal no descartan paralizaciones en la actividad de algunos de sus asociados. De hecho, “ya hay túneles de congelación que no funcionan ni dan el servicio porque ningún cliente puede o quiere pagar lo que cuesta ponerlos en marcha”, afirman dichas fuentes. Desde la asociación reclaman a la Administración el reconocimiento del sector como consumidor electrointensivo y detener el alza de precios de forma rápida para evitar un escenario de paros y pérdidas. “Todo está organizado para que el coste energético sea alto en España”, pero “es necesario cambiar el prisma”, reivindica Adelfe.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) ha alertado sobre la situación por la que atraviesan algunas de sus empresas asociadas por el incremento de los costes energéticos. Aunque el alza de los costes varía entre las terminales portuarias en función de la fuente de energía que usen, la patronal estibadora sostiene que el aumento del coste alcanza en algunos casos el 800% en electricidad y hasta el 150% en el gasoil. “El impacto del precio de la energía condiciona el futuro del sector y merma considerablemente la competitividad de las empresas y los puertos”, afirman fuentes de Anesco. 

Desde el ámbito naviero, el consejero delegado de Grandi Navi Veloci, compañía del grupo MSC, Matteo Catani, ha afirmado que el incremento de los precios de los combustibles “es un problema que puede tener un impacto importante”. De hecho, considera que el transporte marítimo de mercancías está teniendo una demanda tan fuerte que será inevitable que las navieras suban los precios y que ello “se transmita a todos los actores de la cadena de suministro global hasta el consumidor final”.

La directora técnica de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain), Pilar Tejo, coincide en el análisis y cree que el incremento de precios puede continuar, más que mitigarse. En su opinión, será difícil encontrar una alternativa que contribuya a la descarbonización por la dependencia de las navieras de los combustibles fósiles. “Se suponía que el Gas Natural Licuado (GNL) tenía precios más acotados que los combustibles convencionales, pero esa aseveración ya hace meses que se ha disuelto como un azucarillo”, ha constatado. En el corto plazo, destaca que “lo suyo sería repercutir costes” porque con el eco de la pandemia aún latente, “varios actores ya están repercutiendo, bien el alza de las materias primas, bien el alza de los procesos de producción”. Según Pilar Tejo, esta situación será común tanto a las rutas interoceánicas como a las navieras que operan en tráfico de media distancia.

“Los cargadores y los transportistas empiezan a estar ahogados y existe el riesgo de cierre de la actividad, lo que tendría una incidencia muy importante y negativa en nosotros, que tampoco podríamos trabajar”, resume el secretario técnico de la Federación Española de Transitarios (Feteia), Martín Fernández. De momento, no han planteado más medidas que recurrir a la Administración para que garantice la continuidad de las actividades en una situación que califica de “extraordinaria y esperemos que temporal”. Martín Fernández apunta que la salida más recurrida es repercutir los gastos en los clientes, “pero con una inflación tan alta, no hay mucho margen”, asegura.

Crisis de liquidez en el 90% pymes transporte

Radu Dinescu, Presidente de la IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera) “los operadores de transporte por carretera se enfrentan a una crisis de liquidez, especialmente el 90% que son pequeñas y medianas empresas. La volatilidad de los precios del gasóleo y las condiciones comerciales inflexibles hacen que tengan poco margen de maniobra y que las quiebras aumenten. Esto perjudicará la capacidad y la eficiencia de la red de transporte por carretera, lo que repercutirá en las cadenas de suministro, la inflación y la economía en general. Tenemos que actuar ahora».

Medidas de emergencia

El plan de emergencia de IRU incluye 17 medidas gubernamentales para apoyar a los operadores de transporte por carretera, especialmente para aliviar la volatilidad del precio del combustible, y para reajustar las hojas de ruta de descarbonización a las nuevas realidades de la creciente inseguridad energética.

Entre las medidas, IRU reclama un mecanismo de ajuste del impuesto especial sobre el combustible para los operadores de transporte comercial, a fin de proporcionar seguridad a corto plazo y evitar el colapso parcial de las redes de transporte por carretera y la inflación. En Alemania, por ejemplo, una reducción temporal del impuesto especial del 87% significaría que un operador alcanza el equilibrio en lugar de perder dinero.

Debido a las enormes diferencias de hasta el 96%, IRU también pide que todos los modos de transporte comercial paguen el mismo impuesto sobre el combustible para mantener el rumbo de los planes de descarbonización, así como para acelerar las medidas de eficiencia mediante el transporte colectivo por carretera y los camiones ecológicos.

En medio de una mayor inseguridad energética y un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de combustible, también es necesario que todos los combustibles alternativos y existentes, bajos o nulos, sigan siendo operativos. Los gobiernos deberían revisar cuidadosamente las políticas de descarbonización para planificar un cambio más gradual hacia los combustibles renovables, más allá de los vehículos eléctricos de batería, y reducir las distorsiones del mercado, como el cobro a los usuarios de la carretera y las zonas de emisión cero que excluyen las opciones de combustible de bajo carbono ya operativas, como el biodiésel y el bioGNL.